Contaminación del aire: salud y política

Como escribió Yayo Herrero “para los seres vivos el aire es vida y relación”. Es un elemento imprescindible y de su calidad depende la salud de todos los seres vivos, el agua y los suelos de nuestro planeta. La contaminación del mismo es actualmente el mayor riesgo ambiental para la salud humana, pero también una hipoteca para el futuro, ya que muchas partículas contaminantes (como las de dióxido de nitrógeno, ozono, óxidos de azufre, monóxido de carbono, plomo…) acaban permaneciendo décadas en la atmósfera.

Según la Agencia Europea del Medio Ambiente la contaminación del aire provoca la muerte prematura de más de 6,5 millones de personas cada año, 30.000 de ellas en España. Sin embargo, no afecta a todas las personas por igual: las rentas más bajas están más expuestas al aire contaminado que las medias y altas.

Si bien la crisis económica de 2008 y la pandemia del covid-19 han reducido la movilidad y producción industrial rebajando la contaminación global en la última década, los valores recomendados por la Organización Mundial de la Salud se superan en España cada año.

Un 94% de la población ha respirado aire contaminado en nuestro país y la mitad de los cultivos agrícolas y entornos naturales han sufrido niveles de contaminación atmosférica por encima de los límites legales según Ecologistas en Acción .

La principal fuente de contaminación es el tráfico rodado, especialmente –pero no sólo- en las áreas urbanas. A los contaminantes motores de diésel y gasolina debemos añadir un tipo de movilidad caracterizada por los atascos, servicios de transporte públicos insuficientes e imperio del coche sobre la bici y peatones.

Madrid, capital del aire contaminado

Ante el Objetivo de Desarrollo Sostenible propuesto por la ONU para 2030 de reducir la contaminación atmosférica, las administraciones públicas se han puesto -en mayor o menor medida- manos a la obra para implementar Planes de Mejora de la Calidad del Aire.

Pero las medidas de restricción al tráfico no generan votos y los intereses económicos de la contaminante industria del automóvil hacen que, en la mayoría de casos, los gobiernos procrastinen la implementación de planes, apliquen medidas superficiales o se enfrenten al descrédito, los bulos y ataques cuando adoptan medidas integrales.

Una cuestión de voluntad política

Precisamente este es el caso que se encontró el gobierno de Ahora Madrid en 2017 al presentar Plan A de Calidad del Aire. Con las 30 medidas que el Ayuntamiento de Madrid propuso se pretendía rebajar un 23% los niveles de NO2 en 2020 reduciendo la contaminación provocada por el tráfico rodado, impulsando el uso de energías renovables y adaptando la ciudad para luchar contra el cambio climático.

Dentro de este plan fue Madrid Central, el área de cero emisiones, la que se llevó el foco de atención de la prensa y la oposición. Sin embargo, esta era sólo una medida dentro de la reducción de la contaminación del tráfico rodado. La creación de zonas peatonales, la promoción del uso de la bicicleta o la renovación de una flota más limpia de transporte público pasaron desapercibidas bajo los titulares que anunciaban el fin del mundo por la restricción al tráfico en el centro.

Pese a que el Plan A de la Calidad del Aire contaba con la aprobación de la Unión Europea, la prensa y la oposición política, encabezada por el Partido Popular y Ciudadanos, anunciaron que llegarían a los tribunales para impedir que se restringiera el tráfico privado en el centro. Durante meses el gobierno comenzaba a desarrollar las medidas del Plan A mientras que los medios de comunicación hacían de altavoz de las asociaciones de comerciantes cercanas a la oposición que aseguraban que sus negocios echarían el cierre si la ciudadanía empezaba a acceder al centro en transporte público y no en coche.

Finalmente, Madrid Central se implementó. No llegó el anunciado apocalipsis, los comercios del centro recibían más visitantes ya que andando podían acceder a los comercios con mayor facilidad, se reforzaron líneas de autobuses que comunicaban con la zona (al contrario que con el Metro, responsabilidad del PP en el gobierno autonómico) y se redujo la contaminación por tráfico rodado. Mientras la oposición prometió e incluyó en su programa electoral acabar con Madrid Central y devolver el centro a los coches.

Una cuestión de propaganda electoral

Llegó la siguiente cita electoral y tras la misma el Partido Popular y Ciudadanos pactaron repartirse el gobierno autonómico y local de Madrid. Uno de los primeros actos públicos del alcalde del PP, José Luis Martínez Almeida, y la vicealcaldesa de Ciudadanos, Begoña Villacís, fue retirar los maceteros que convertían la Calle Galileo en una zona peatonal. Juntos sonreían y hacían fotos con sus móviles a los operarios que trabajaban para devolver el espacio urbano a los vehículos privados.

Almeida presentó Madrid 360º el plan que no acabaría con Madrid Central, tal y como prometió en la oposición y la campaña electoral, sino que “lo mejoraría”. Según indicaba ante la prensa, el Plan A había sido un fracaso total que debía solucionarse. Pero lo cierto es que no parecía que Madrid 360º tuviera un objetivo claro más allá de servir de excusa al nuevo gobierno por no haber cumplido con su promesa.

Madrid 360º no proponía objetivos cuantitativos de reducción de la contaminación, ni indicadores en los que basarse, tampoco una forma de evaluar su funcionamiento, por supuesto no hablaba de la normativa vigente ni de adaptarse a los objetivos de la Unión Europea (que no validó este plan). Pese a la promesa de acabar con Madrid Central, el plan Madrid 360º sólo redujo el área de actuación y mantuvo el resto de medidas del Plan A aprobado por el anterior gobierno; si, esas mismas que decían que habían fracasado.

¿Y ahora? Tras un importante avance en la lucha contra el cambio climático y por el bienestar y la salud de la ciudadanía, los intereses políticos vuelven a colocar en la casilla de salida a una de las ciudades más contaminadas de España. Y es por este tipo de casos que en Ecoturra siempre insistimos que los cambios individuales que hagamos en nuestra vida para luchar contra la crisis climática deben ir de la mano con nuestra participación en política para preservar nuestros intereses.

No existe el derecho a tener un coche, no existe el derecho a conducir el vehículo que quieras donde quieras. El único derecho que existe es el derecho a la salud, un derecho universal que los gobiernos y administraciones públicas tienen que garantizar y que las personas debemos exigir. Nuestra salud y la de nuestro planeta está en juego.